CASO ROQUETAS, LA SENTENCIA NO ES DEL GUSTO DE TODOS

 Publicado en Teleprensa.es

Tanto la familia del agricultor como los familiares de los guardias civiles imputados han mostrado su indignación tras la lectura de la sentencia

Habrá ciudadanos que piensen que cualquier persona que haya consumido cocaína y vaya al cuartel puede ser apaleado hasta la muerte”. Esta es la conclusión del abogado de la acusación particular, José Ramón Cantalejo, tras leerse esta mañana, en la Audiencia Provincial de Almería, la sentencia por la muerte de Juan Martínez Galdeano en el acuartelamiento de Roquetas de Mar. Cantalejo ha manifestado su desacuerdo con algunos puntos de la sentencia, sobre todo con el peso del informe forense que dicta que la muerte se debió a que Galdeano padecía “delirio agitado” por la ingesta de drogas, por lo que pedirá un segundo informe forense y recurrirá ante el Tribunal Supremo. Para Esther Navarrete, abogada de la defensa, la sentencia no tiene valor hasta que no se estudie, además se plantea recurrir por la condena que ha recaído sobre el Teniente Rivas.

La acusación popular, representada por Sanz de Bremond, discrepa también del resultado del juicio. “Durante la lectura de la sentencia hemos escuchado decir que la intención del teniente Rivas era inmovilizar a Martínez Galdeano, y posteriormente se dice que le golpea de forma denigrante e injustificada, existe pues una contradicción”, comenta el abogado. Asimismo, no se hace mención a la relación del fallecimiento con los acusados, una relación que para la acusación existe. “Nos parece grave la sentencia, pues la pena al teniente debería haber sido considerada por delito de torturas”, concluye Sanz de Bremond.

En la sentencia se especifíca que ninguno de los agentes implicados en el suceso tienen antecedentes penales, sin embargo queda patente que Martínez Galdeano sí tenía antecedentes clínicos por la ingesta de cocaína y alcohol. Según ha leído la magistrada, Társila Martínez, el agricultor poseía en su cuerpo 0’20 mg/l de una mezcla de cocaína y heroína que había administrado media hora antes de llegar al cuartel tras tener un accidente de tráfico. Por otra parte, queda claro el empleo de armas antirreglamentarias por parte del teniente y el hecho de que valiéndose de su cargo superior golpeó a Martínez Galdeano de forma sorpresiva e injustificada. A las 19.43 horas del 24 de julio de 2005 fue constatada la muerte por insuficiencia cardiorrespiratoria aguda a causa del consumo de drogas, tres horas después de que el agricultor accediera al lugar. Sin embargo, el cuerpo del fallecido presentaba 50 tipos de lesiones externas, del tipo hematomas o erosiones, y otras internas, realizadas antes de su muerte, mientras la rotura del esternón y la contusión en la costilla se consideran que fueron posteriores, producidas en el momento en que se le practicaba la reanimación. Según la sentencia estas lesiones podrían haberse curado en 20 días de no haber fallecido Martínez Galdeano.

Condena
El teniente José Manuel Rivas, máximo responsable del cuartel de la Guardia Civil de Roquetas de Mar, el día en que el agricultor Juan Martínez Galdeano falleció es quien ha recibido la mayor pena: 15 meses de cárcel y tres años de inhabilitación por los delitos de atentado no grave contra la integridad moral y abuso de poder, además de una multa de 12 euros diarios durante un mes y medio por una falta de lesiones.

También ha sido condenada la agente María José Sánchez Parrón al pago de una multa similar por lesiones, y el guardia Moreno a una multa de 12 euros durante dos meses.

Estos tres agentes también deberán indemnizar a la familia Galdeano. El teniente Rivas deberá pagarles 6.000 euros y los tres 701 euros más a los herederos por las lesiones ocasionadas. La sentencia también aclara que la Administración del Estado debe de indemnizar a la familia como responsable última.

Los otros seis agentes que se sentaron en su día también en el banquillo han quedado libres de cualquier responsabilidad.

La lectura de la sentencia dictada bajo la presidencia de la Sección Tercera, la magistrada Társila Martínez, ha sido pública, pero al acto no han acudido ni los nueves agentes implicados ni el defensor de éstos Gustavo Arduán.

La familia ha salido indignada de la vista y gritando “asesinos”. Lo mismo ha sucedido con los familiares de los agentes de la Guardia Civil quienes consideran que deberían haber quedado totalmente absueltos