MANIFESTACIONES TRAEN COLA Y SANCIONES
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La Subdelegación del Gobierno en Almería ha incoado un total 36 expedientes administrativos sancionadores contra vecinos del barrio de San Luis por incidentes registrados en las manifestaciones convocadas por la Plataforma ciudadana contra la ubicación de una Oficina de Extranjería en Minas de Gádor-Piedras Redondas. Esa afirmación fue realizada por parte del subdelegado del Gobierno, Miguel Corpas, al fin de la celebración de la Junta Local de Seguridad con el Ayuntamiento de Almería y, además, especificó que 14 de los expedientes corresponden al corte de la carretera de Ronda provocado por 12 manifestantes en la cita del 14 de noviembre y que las otras 24 diligencias abiertas por la Policía Nacional corresponden a incidentes en la protesta del pasado 9 de enero.
Hasta el momento, en la Subdelegación esperan las diligencias de la última concentración en la que algunos vecinos lanzaron parte de un bloque de cemento contra la luna de un coche que intentó saltarse el corte de carretera que efectuaron y que terminó con el arresto del conductor del vehículo acusado de un delito de conducción temeraria.
Por otro lado, Ayuntamiento y Subdelegación hablaron sobre el hecho de que en una de las concentraciones organizadas por la Plataforma aparecieran miembros de grupos radicales aunque el primer edil aseguró que estos movimientos vienen de fuera de Almería. En ese sentido, ambos organismos -Gobierno central y Ayuntamiento- aseguraron que estarán atentos a posibles grupos de extrema derecha en la ciudad a partir de la aparición de pintadas con símbolos nazis en distintos puntos de la capital.
Pero volviendo a las protestas por Extranjería, Corpas quiso mostrar en la Junta Local de Seguridad su «preocupación» por la trayectoria de las protestas de la Plataforma a la que, a su juicio, «se le ha descontrolado la situación en diversas ocasiones» con incidentes como consecuencia. En esa línea, valoró que los incidentes «pueden ir a más» por lo que tanto el subdelegado del Gobierno como el Ayuntamiento de Almería acordaron seguir los informes puntuales de la Policía Nacional sobre el asunto y procurar «que se relaje la situación en la zona». A pesar de que el propio subdelegado del Gobierno reconoce que el derecho a manifestarse es un derecho fundamental al que es muy difícil oponerse, sí quiso lanzar un llamamiento a los dirigentes de la Plataforma para que se pongan a «meditar muy bien los pasos a seguir» en sus actuaciones y no descartó medidas coercitivas contra futuras manifestaciones.
El próximo encuentro que tienen previsto los vecinos del barrio de San Luis es el 28 de febrero con una jornada lúdica aunque reivindicativa a la que esperan que asistan organizaciones de inmigrantes.
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